Las responsabilidades legales que una empresa debe asumir en su compromiso con la protección del medio ambiente son múltiples y diversificadas. Entre estas normativas, destaca la Ley de Residuos y Suelos Contaminados en el contexto de una economía circular, también conocida como Ley 7/2022.
Esta ley, cuya evaluación de cumplimiento se realiza en colaboración con el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico y las distintas comunidades autónomas, fue promulgada en España el 10 de abril del año 2022. Su principal objetivo radica en la implementación de la Directiva (UE) 2018/851. Esta directiva se enfoca particularmente en las medidas preventivas dentro de la política de residuos, estableciendo la obligación para las empresas de adoptar prácticas que fomenten una economía circular. En este contexto, las compañías deben cumplir con los requisitos legales y ambientales necesarios para garantizar una gestión sostenible de los residuos y contribuir al cuidado del entorno.
¿Qué regula la nueva ley de residuos y suelos contaminados?
Es relevante destacar en primer lugar que esta ley ya existía y estaba respaldada por regulaciones previas. La actualización actual de la ley implica la integración de las modificaciones prescritas por la directiva previamente mencionada. Además, se ha llevado a cabo una revisión exhaustiva de la normativa vigente sobre residuos y suelos contaminados, que estaba establecida en la Ley 22/2011. Esta revisión se ha realizado para garantizar que la legislación se adapte de manera adecuada a las directrices y objetivos actuales en materia de gestión de residuos y protección del medio ambiente.
Así, entre los nuevos aspectos que regula la ley de residuos y suelos contaminados están los siguientes:
- Residuos y economía circular. Esta ley establece ciertas medidas para promover entre las empresas la prevención, reducción y gestión sostenible de los residuos.
- Suelos contaminados. Regula la recuperación y rehabilitación de los suelos contaminados, dejando claro cúal es el procedimiento para identificarlos y tratarlos.
- Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP). De esta forma, los productores asumen cierta responsabilidad financiera y operativa en la gestión de los productos al final de su vida útil, fomentando de esta forma la reutilización y el reciclaje. Todo ello en consonancia con la normativa europea.
- Nuevas definiciones. Esta ley incluye nuevas definiciones interesantes y necesarias de conocer dentro del ámbito en el que nos encontramos.
- Envases y sus residuos. Se busca reforzar la gestión de envases y residuos de los mismos, dese la reutilización y el reciclaje, además de instaurar restricciones en materia de plásticos.
- Revisión del ámbito de aplicación. Se revisarán los procedimientos para aplicar dicha ley, además del subproducto y fin de condición de residuo.
- Herramientas económicas. Se han creado diferentes instrumentos que salen rentables dentro de la economía de la empresa para incentivar el reciclaje y la reducción de residuos, como el sistema de depósito, devolución y retorno.
- Nuevas sanciones. Esta nueva ley también revisa y actualiza las sanciones ya instauradas e incluye nuevas infracciones para todas aquellas empresas que incumplan la ley.
Es esencial comprender que todas estas disposiciones y medidas tienen un propósito central y compartido, que es el cumplimiento de los objetivos establecidos en el título II de la Ley 7/2022. Dichos objetivos tienen como finalidad principal la reducción significativa del impacto ambiental generado por la empresa. Concretamente, se busca alcanzar una disminución del 13% en el peso total de los residuos generados por la empresa para el año 2025 y un recorte del 15% en el peso de los residuos producidos para el año 2030, en comparación con los niveles registrados en el año base 2010. Estos ambiciosos objetivos están en línea con el compromiso de promover prácticas más sostenibles y responsables con el medio ambiente en el ámbito empresarial.
Obligaciones de las empresas respecto a la Ley 7/2022
Esta ley, también conocida como la Ley del Plástico, establece un conjunto de responsabilidades que deben ser cumplidas por las empresas que estén involucradas en la gestión de residuos plásticos. En este contexto, es importante señalar que esta legislación aplica a todas las empresas que actúen como productoras iniciales o que sean poseedoras de este tipo de residuos.
Dicho de otra manera, la obligación de cumplir con esta ley se extiende a todas aquellas empresas que mantengan cualquier tipo de actividad relacionada con la gestión de residuos plásticos, incluyendo, pero no limitándose a las actividades de envasado, almacenamiento y etiquetado de productos. En consecuencia, se espera que estas empresas asuman sus responsabilidades de acuerdo con los principios y directrices establecidos en la ley, contribuyendo así a una gestión más responsable y sostenible de estos residuos.
Dicho esto, algunas de las obligaciones de las empresas productoras y poseedoras son:
- Realizar el tratamiento de los residuos (siempre que se tenga autorización) o encargar dicho tratamiento a un ente externo que esté autorizado a ello.
- Entregar los residuos a una empresa pública o privada destinada a ello, proporcionando toda la información que sea necesaria.
- Clasificar los residuos según lo establecido en el artículo 6 de dicha ley.
- Designar un área en la que almacenar, de forma correcta, los residuos. En caso de ser peligrosos, debe estar protegida de forma adecuada para evitar accidentes. Hay que puntualizar que el período máximo de almacenamiento es de dos años para los residuos no peligrosos destinados a la valorización, de un año para los destinados a eliminación y de seis meses para los residuos peligrosos.
- Notificar a las autoridades si hay algún problema como pérdidas o escapes de residuos peligrosos.
- Empaquetar los residuos peligrosos según el Reglamento (CE) 1272/2008 y etiquetarlos siguiendo las pautas del artículo 21, sección e, de la ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular.
- Adquirir alguna garantía financiera o segura que cubra las responsabilidades, especialmente si hablamos de empresas que producen más de 10 toneladas al año de residuos.
No obstante, es importante destacar que las responsabilidades que deben ser cumplidas por todas las empresas que operen con plásticos no se limitan a lo mencionado anteriormente. Existen una serie de obligaciones adicionales que aplican a todas las empresas, independientemente de si son productoras de plásticos o no. Por lo tanto, todas las empresas que trabajen con plásticos deben estar conscientes de estas responsabilidades y cumplirlas rigurosamente como parte de su compromiso con la protección del medio ambiente y la gestión adecuada de los recursos.
- Dos nuevos impuestos: el impuesto sobre los envases de plástico no reutilizable y el impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos y su incineración.
- Prohibición de la comercialización de plásticos de un solo uso como pajitas o recipientes hechos de poliestireno expandido.
- En el caso de las empresas de alimentación hay obligaciones concretas. Si es un establecimiento con una superficie igual o mayor a 400m², se destinarán al menos el 20% del área de venta a productos sin embalaje primario; si vende productos frescos y/o comida cocinada, los recipientes deben ser reutilizables.
- De cara al 3 de julio de 2024, solo se podrá comercializar con los productos de plástico de un solo uso enumerados en el apartado C del anexo IV.
- De cara al 1 de enero de 2025, solo se podrá comercializar con las botellas PET (polietileno tereftalato) que estén fabricadas con, al menos, un 25% de plástico reciclado.
- De cara al 1 de enero de 2030, solo se podrá comercializar con las botellas citadas en el apartado E del anexo IV.
- Se debe promover el uso del agua no embotellada y los establecimientos de hostelería y restauración deben ofrecer agua gratis.
- Queda prohibido eliminar en los vertederos los excedentes no vendidos de los productos no perecederos como juguetes o ropa, a menos que haya una normativa específica que lo requiera.
Finalidad de la ley de residuos y suelos contaminados
La finalidad de la ley de residuos y suelos contaminados es cumplir con los objetivos que establecen las diferentes directivas europeas de residuos que están dentro del Paquete de Economía Circular. También tiene como fin hacer que las empresas cumplan con la directiva de plásticos de un solo uso intrínseca en la Estrategia Europea para el plástico en una economía circular.
Esta ley representa un marco legal importante para impulsar la transición hacia una economía más sostenible y circular en España, promoviendo la gestión responsable de residuos y la recuperación de suelos contaminados.
De hecho, según el artículo 12.3 de la misma, el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico debe elaborar un Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos donde incluir el diagnóstico de la situación actual respecto a los residuos y suelos contaminados en España, una estrategia general para su reducción y directrices políticas sobre residuos, así como los objetivos mínimos a cumplir para la recogida de plásticos, su reutilización, el reciclaje…
Este documento, que está disponible en la red, tiene como propósito una visión integral y coherente de cómo se gestionarán los residuos en el área correspondiente, promoviendo prácticas sostenibles y la protección del medio ambiente, garantizando que refleje adecuadamente las necesidades y preocupaciones de la comunidad.
Si tienes alguna duda o necesidad de más información, en Azentúa estamos para ayudarte. Nuestro objetivo ayudar a las empresas a conseguir dicha economía circular, por lo que nuestros expertos están más que preparados y especializados en este tema. No lo dudes y confía.